Como un sucesor de la Unión Soviética (URSS), la Federación Rusa permanece atado legalmente a los instrumentos de derechos humanos adoptados por la URSS, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptados completamente). A finales de la década de los 90, también firmó la Convención Europea de Derechos Humanos (con reservas) y, desde 1998, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Strasbourg se convirtió en la última corte de apelación para los ciudadanos rusos en su sistema nacional de justicia.
De acuerdo al Capítulo 1, Artículo 15 de la Constitución de 1993, estas materializaciones del derecho internacional tienen precedencia sobre la legislación nacional.[1] Sin embargo, desde el segundo periodo de mandato presidencial de Vladímir Putin (2004-2008), hubo un incremento en los reportes de violaciones a los derechos humanos, y desde las elecciones del Duma Estatal en 2011 y la reasunción de Putin a la presidencia en la primavera del 2012 ha habido una respuesta legislativa desconsiderada hacia muchos derechos constitucionales e internacionales. En diciembre de 2015 pasó una ley que le daría a la legislación nacional precedencia sobre los tratados legales internacionales, que aún no ha sido aplicada.
Como miembro del Consejo de Europa y signatario de la Convención Europea de Derechos Humanos, Rusia tiene obligaciones internacionales concernientes al tema de los derechos humanos.[2] En la introducción del reporte de 2014 sobre la situación en Rusia, el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa destacó que el «cambio radical desde el colapso de la Unión Soviética era innegable».[3] Vladímir Lukin, antiguo Defensor del pueblo de la Federación Rusa, constantemente calificó la situación de derechos humanos en Rusia como insatisfactoria, reconociendo que construir una sociedad civil y estatal regida por la ley en un país tan complejo como Rusia requeriría de un largo y duro proceso.[4]
Durante 2002-2004, Freedom House consideró a Rusia «parcialmente libre» con calificaciones de 5 tanto en derechos políticos como en libertades civiles (siendo 1 totalmente libre y 7 sin libertad), y «sin libertad» con una calificación de 6 en derechos políticos y de 5 en libertades civiles de 2005-2008, de acuerdo con su Informe Freedom in the World.[5] En 2006, la revista The Economist publicó un rating de democracia, colocando a Rusia en el puesto 102 entre 167 países y definiéndola como un «régimen híbrido con una tendencia hacia la restricción de los medios de comunicación y de otras libertades civiles».[6] Para el 2016, la Federación Rusa se hundió más en el rango de Freedom House:[7]
Desde 1998, el Consejo Europeo de Derechos humanos ha sido inundado con casos de Rusia. Para el 1 de junio de 2007, 22.5% de sus casos pendientes eran dirigidos contra la Federación Rusa.[8] En 2006 hubo 151 solicitudes admisibles contra Rusia (de 1634 de todos los países), mientras que en 2005 - 110 (de 1036), en 2004 - 64 (de 830), en 2003 - 15 (de 753) y en 2002 - 12 (de 578).[9][10][11]
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